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La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha retrasado 16 meses, condicionará política migratoria en frontera de la UE

El 13 de febrero a media tarde. Ese es el momento fijado por los 17 magistrados que componen la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, para hacer público el fallo sobre la devolución en caliente en la frontera de Melilla con Marruecos en agosto de 2014 de dos inmigrantes subsaharianos por parte de la Guardia Civil. El tribunal ya condenó a España en primera instancia por estos hechos en 2017. 

Aquel fallo, que obligaba a indemnizar a cada uno de los dos inmigrantes con 5.000 euros, fue recurrido por el entonces Gobierno del PP. El Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió mantenerlo y ahora el tribunal de Estrasburgo se pronuncia tras la vista celebrada en septiembre de 2018, hace 16 meses. La resolución de esta causa determinará no solo el mantenimiento o no de las expulsiones exprés en España, sino que también condicionará la política migratoria en frontera de los países miembros de la UE.

El caso concreto sobre el que se pronunciarán los magistrados del TEDH arrancó con la denuncia de varias ONG por la expulsión el 13 de agosto de 2014 de N. D. y N. T., procedentes de Malí y Costa de Marfil, que aquel día saltaron la valla que separa Marruecos de España. En octubre de 2017, el TEDH consideró probado que la Guardia Civil los arrestó y los condujo de manera inmediata de vuelta al país magrebí, y sentenció que con ello las autoridades españolas habían violado la Convención Europea de Derechos Humanos. El fallo obligaba a España a indemnizar a cada uno de los dos con 5.000 euros.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que había legalizado la figura de las devoluciones de caliente en 2015 con la inclusión de una disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, recurrió la decisión. El recurso a una sentencia es una medida excepcional que el Tribunal de Estrasburgo solo admite de manera más excepcional aún. La solicitud de remisión ante la Gran Sala del TEDH solo se acepta “si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus Protocolos o una cuestión grave de carácter general”, según estipula el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos. De ahí que lo que acabe dictando esta Gran Sala, cuya sentencia sí será ya definitiva, marcará en el futuro los procedimientos de expulsión de inmigrantes en las fronteras europeas.

Cuando Pedro Sanchez llegó al poder en 2018, decidió mantener el recurso pese a que cuando el PSOE estaba en la oposición rechazó abiertamente estas devoluciones exprés. De hecho, cuando la ley mordaza fue aprobada, los socialistas y otros grupos parlamentarios en la oposición presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la polémica ley, entre ellos precisamente la disposición referida a las devoluciones en caliente. El propio Sánchez había defendido esta misma postura durante el discurso de la moción de censura que le llevó a la Presidencia.

Sin embargo, la llegada del juez Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior se tradujo en un cambio de posición. Desde que tomó posesión de su cargo, Grande-Marlaska se mostró partidario de mantener el recurso y esperar la sentencia definitiva para establecer el marco jurídico en el que se enmarcará una futura reforma de la ley de extranjería. También aspira a que el fallo permita consensuar una política común de repatriaciones dentro de la UE. El grupo parlamentario socialista defendió esa misma postura en la ponencia que estudiaba la reforma de la ley mordaza, frustrada por la convocatoria electoral del 28 de abril del año pasado.

Fuente: El País.