Mujeres maltratadas por sus parejas, ladrones que allanan viviendas, pistoleros de club de alterne, inmigrantes sin recursos recién llegados en patera… dependen de letrados que pueden cobrar 300 euros por defender a un asesino, o 90 por asistir a una víctima de violencia machista. Y los pagos de Justicia nunca llegan a tiempo: desde enero no han visto un euro. Se prevé una huelga para otoño.  Miguel Pouget, abogado con treinta años de experiencia en el turno de oficio, estaba de guardia la madrugada del 17 de junio, cuando dos pateras con 19 inmigrantes a bordo llegaron a la costa de Cartagena (Murcia), donde ejerce. “Me llamaron desde el juzgado. El juez había dictado un auto para meter a los 19 en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros; los de Murcia son de los más duros de España) y tuve que hacer un recurso contra el ingreso para cada uno de ellos”. Pouget dedicó dos días a la defensa de los inmigrantes. Tiene numerosos trámites burocráticos pendientes, y aún deberá estar en contacto con la asistente social para hacer un seguimiento de cada caso. Por todo ello cobrará, calcula, “unos 200 euros”, y no sabe cuándo. “He perdido la cuenta de lo que me deben. Es vergonzoso. Los colegios existen para dar un servicio público y al final lo sostenemos nosotros”.
Juan Manuel Cubillas, colega de Miguel y también con despacho en Cartagena, se vio en la misma situación recientemente. También tuvo que tratar el caso de diez inmigrantes llegados en patera. Y, como ese caso, ha llevado 22 procedimientos más desde enero. A pesar de la carga de trabajo que le supone el turno de oficio, el Ministerio de Justicia le debe 2.000 euros.
Como ellos dos, otros 6.753 abogados españoles soportan prolongados retrasos en los pagos de Justicia. Los turnos los organiza cada colegio; el Ministerio paga al Consejo General de la Abogacía, y este a los colegios, que son los que abonan la retribución a los abogados que previamente se hayan dado de alta en el turno. Aunque Justicia debe pagar trimestralmente los honorarios, hasta la semana pasada los colegios no habían recibido el ingreso correspondiente a los tres primeros meses de este año. El segundo trimestre también está pendiente. Los abogados del turno de oficio llevan desde enero sin cobrar.
Ya llueve sobre mojado. Lo mismo ocurrió en 2016: hasta agosto, los letrados no recibieron ni un euro por los meses de enero, febrero y marzo. “Los pagos se retrasan sistemáticamente. El baremo lleva 20 años sin revisión y la abogacía, que garantiza la igualdad de derechos ante los tribunales, lo está pasando mal”, dice José Muelas, el decano del colegio de abogados de Cartagena.
Comunidades como Madrid o Andalucía tienen transferidas las competencias de justicia. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Ceuta, Melilla, Baleares y Murcia dependen del Ministerio, y sus abogados de oficio se quejan de la diferencia que hay en los honorarios y los retrasos en los pagos.
Delito entre manos
En España hay 45.348 abogados de turno de oficio de los que algo menos de una cuarta parte dependen del Ministerio. Según los baremos establecidos, un letrado cobra 200 euros por llevar un divorcio contencioso si este se da en territorio gestionado por el Ministerio. Si el mismo caso lo llevara, por ejemplo en Euskadi, percibiría 562 euros. “Un procedimiento abreviado, que puede alcanzar los diez años de instrucción, como el del Prestige, es el más lento. Si te cae uno, te pagan 200 euros”, explica José Muelas. Pero en las comunidades con competencias la situación no es mucho mejor: “En Madrid se produce un retraso medio de 130 días en los pagos”, dicen desde su colegio. La ley establece que es responsabilidad de los colegios prestar el servicio de justicia gratuita. “Contratan y establecen la obligatoriedad del turno solo si hace falta porque no hubiera suficientes abogados”, explica José Ramón Ramírez, presidente de la comisión del turno de oficio de Cáceres.
Andrés Peiró, letrado cartagenero, atiende a interviú en medio de una guardia. “Hay asuntos en los que llevo trabajando tres años y aun no hay ni juicio. La cantidad que te pagan es independiente del tiempo que te lleve”, se queja este abogado, que ha defendido 22 asuntos en los últimos seis meses, por los que le adeudan 2.000 euros.
Peiró aún no ha cobrado la defensa de un hombre que se arriesga a pasar una temporada en prisión. Es un paisano al que acusan de un robo con fuerza en una casa. “La fase de instrucción ha sido larga, pero mientras no haya sentencia no cobraré”. Al comenzar un nuevo proceso el abogado que lo lleva justifica ante el Colegio el 70 por ciento del importe, y al finalizar, el resto.
Rut Álvarez y Cristina Ríos, compañeras en Cartagena, también han tenido que defender en las últimas semanas a gente sin dinero para pagarse un letrado y acusada de robos en viviendas. A Rut, que lleva cinco años atendiendo casos de oficio, el Ministerio de Justicia le debía unos 2.500 euros por la veintena de procesos que ha defendido desde que comenzó el año.  A Cristina, 1.500 de los meses de abril, mayo y junio.
Muchos de los casos en los que intervienen son de gran impacto social. De estos abogados dependen numerosas víctimas –y también agresores– de la violencia de género. En Villarcayo, localidad de poco más de 4.000 habitantes al norte de Burgos, Aurelio Alonso se queja de que el Ministerio le adeuda “unos 600 euros”. En los últimos meses ha defendido a una mujer que, tras sufrir maltrato, se ha decidido a denunciar: “Asistí a la víctima en la comisaría, la acompañé a declarar y pedí medidas cautelares. Después ella quiso quitar la denuncia, y aunque le recomendé que no lo hiciera, lo hizo; tiempo después volvió a denunciar”. Aurelio teme que “finalmente no comparezca”. Pero él tendrá que ir igualmente a los juzgados, y la retribución rondará los 150 euros.

noticia: interviu.es