Casi diez años ha tenido que esperar el exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, para declarar ante el juez que instruye el ‘caso Astapa’ sobre presuntas prácticas irregulares para el enriquecimiento personal de políticos y empresarios cercanos al Ayuntamiento. Barrientos declaró durante ocho horas el 1 de diciembre sobre convenios urbanísticos o adjudicaciones. La pasada semana, este periódico publicó erróneamente unas estimaciones de uno de los peritos, que consideraba irregulares algunos contratos de obra menor, y se las atribuyó al propio Barrientos, quien afirma que cuando tuvo constancia de alguna ilegalidad, las denunció en Fiscalía.

¿Cómo ha vivido la espera para su declaración?

A mí me parece lamentable que a una persona a la que se le imputan una serie de presuntos delitos tarden diez años en hacerle declarar. Además, en este país te condenan antes de que vayas al juzgado a hablar con el juez.

¿Cómo manejó la espera su familia?

Mi familia también está afectada. Mi madre y mi hermano están imputados por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y eso es una infamia. Todo es por una finca que es de mi familia desde el siglo XIX y que es urbana desde hace 25 años. No llego a entender que si mi madre y yo estamos imputados por blanqueo de capitales, no están bloqueadas nuestras cuentas.

¿Y cómo fue la declaración después de tanto tiempo?

Bien, porque todo se basa en una denuncia falsa. Los testigos en los que se basa el denunciante, entre ellos un notario, negaron ante el juez lo que él había dicho. También se apoyo en el informe de un técnico que había hecho las valoraciones de los aprovechamientos urbanístico para decir que había infravaloración y que también le dijo al juez que era mentira. El denunciante –el exalcalde socialista David Valadez– no era un concejal cualquiera, formaba parte del equipo de gobierno y era miembro de la comisión permanente informativa de Urbanismo. Incluso era el portavoz que defendía con mucha vehemencia los convenios en el pleno municipal. Él estaba enterado e informado de todo.

Esos convenios urbanísticos son los que desembocaron en la investigación de ‘Astapa’, aunque después de ramificó en otras prácticas. ¿Se centró el juez en este aspecto de la investigación para su declaración?

Yo respondí al cien por cien de las preguntas que me hizo sobre este tema. Y aporté certificados con fechas de 2014 del interventor municipal y servicios jurídicos del departamento de Hacienda actuales sobre los beneficios extraordinarios de estos convenios, que supusieron 63 millones de euros al Ayuntamiento, una cifra mucho más allá de lo que le correspondería. Todo ello fue fruto de buenas negociaciones en los convenios de planeamiento.

Entre las empresas que más atención atrajo en la investigación por posibles beneficios se encuentra Valle Romano.

Le dije al juez que si volviera a ser alcalde, no me gustaría tener una empresa como Valle Romano, sino por lo menos cincuenta. Eso es así porque revirtieron gran parte de sus plusvalías en beneficio del pueblo de Estepona. Sobre el desarrollo urbanístico de Valle Romano hubo una denuncia de un particular en 2005 o 2006 sobre posibles actuaciones irregulares. En 2012 el TSJA con siete magistrados en la sala dictaminó de forma firme que la actuación del Ayuntamiento en este desarrollo fue impecable.

¿Cuánto dinero ingresó el Ayuntamiento por estas prácticas?

Cuando yo dejé el Ayuntamiento había 32 millones de euros en caja. El que llevó a la ruina a Estepona fue el denunciante y posterior alcalde. Y aquí hay también otra cuestión importante. Los que fueron jefes de los servicios jurídicos y técnicos en Urbanismo en mi época, que avalaron los informes municipales, fueron los mismos que él tuvo después.

¿Cree que hubo alguna ilegalidad durante su gobierno?

Ante el juez yo no reconocí ninguna ilegalidad. Lo que sí aporté fue información que manipuló la Policía sobre documentos intervenidos en mi registro domiciliario. Entre ellos había uno que hacía referencia a una denuncia mía, anterior a la de Valadez, sobre posibles extorsiones de cargos políticos de Urbanismo a empresarios. Esa denuncia aparece en mi domicilio, pero la Policía al entregar al juez la información encontrada la consideraron irrelevante, por lo que no se la entregaron.

¿Entonces el juez no la tenía en su poder?

No, lo que la Policía le dijo al juez es que yo había tenido conocimientos de unos hechos, pero no le comunicaron que los había denunciado en la Fiscalía Anticorrupción.

¿Entregó más denuncias?

Sí. Yo en mi época de alcalde presenté otras seis ante la Fiscalía Anticorrupción. La primera en el 2004, al año de ser alcalde. Fue por informaciones que obtuve sobre la presunta existencia de cajas de seguridad en entidades financieras con dinero ilícito procedente de extorsiones y comisiones por parte algunos cargos de Urbanismo. También informé de adjudicaciones ilegales y de varias irregularidades de las cuales se me acusa a mí ahora, como la venta de aprovechamientos urbanísticos. Entre ellas destaca una al que era entonces tesorero municipal, que tuve que interponerla hasta tres veces porque se perdió en la Fiscalía. La última vez se la tuve que dar en mano al Fiscal Jefe.

Otra de las causas de la investigación es su enriquecimiento personal. ¿Tenía usted dinero sin justificar?

Se me acusaba de tener 315 euros sin justificar, pero que incluso esa cantidad está justificada. La información pericial ratificó que no he tenido una sociedad en mi época de alcaldía, y es que no he tenido ninguna nunca. Hay datos en ese informe que son falsos y por eso pedí un contrainforme que me lo está haciendo un catedrático de Derecho Financiero. En el documento vienen viajes que nunca hice e interpretaciones impropias de un perito, ya que alguien con ese oficio tiene que dar datos objetivos, no interpretar.

Llegó a estar seis meses en prisión por esta investigación.

Sí, pero es que el informe policial en el que se basó la jueza para mi ingreso está lleno de falsedades y de omisiones, y así lo denunciamos después. Incluso pedimos que retiraran a los policías responsables de la investigación, porque era impropio que realizaran un informe con tantas mentiras.

¿Qué falsedades son a las que hace usted referencia?

Pues por ejemplo, decía que había 17 cuentas bancarias que no eran mías, operaciones financieras que nunca hice, decía que había cobrado a la vez como médico del SAS y como alcalde cuando hace más de 20 años que no trabajo para el SAS, decían que había recalificado la finca de mi madre cuando tiene la misma calificación urbanística desde hace más de 20 años, e incluso ponían las sociedades municipales como si fueran mías. El juez mostró en un auto que el informe contenía errores que serán subsanados en un posterior informe.

‘Astapa’ eleva sus investigados a más de un centenar. ¿Cuántos cree que llegarán al juicio oral?

Yo defiendo que aquí hay mucha gente inocente. La inmensa mayoría podría decir. Había gente de mi gobierno como María Miralles, Asunción López, María Victoria López, Rafael Duarte y muchos más, en los que siempre vi una actuación ejemplar. Pero también creo que si ha habido alguien que se ha aprovechado de la estructura del Ayuntamiento para cometer actividades ilícitas, que le caiga todo el peso de la ley.

Fuente: diariosur.es