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Análisis de la SAP de Girona de 3 de febrero que condenó a una aseguradora a pagar 6000 euros a una pizzería por cierre Covid

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Es la primera vez en España, que un Tribunal –en apelación–, condena a una aseguradora a indemnizar a un negocio, en este caso una pizzería, por las pérdidas sufridas durante el primer mes de confinamiento.

El pasado 8 de febrero Economist & Jurist publicó una noticia que ha suscitado un profundo debate entre todos los letrados y operadores jurídicos: “Una aseguradora pagará 6.000 euros a un propietario por tener su negocio paralizado a causa del COVID“. Para analizar la sentencia con toda la profundidad que requiere hemos tenido a bien contar con el más reputado experto en responsabilidad civil y seguros, D. Javier López y García de la Serrana, presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguros y Director General de Hispacolex.

Es la primera vez en España, que un Tribunal –en apelación–, condena a una aseguradora a indemnizar a un negocio, en este caso una pizzería, por las pérdidas sufridas durante el primer mes de confinamiento

El pasado 8 de febrero Economist & Jurist publicó una noticia que ha suscitado un profundo debate entre todos los letrados y operadores jurídicos: “Una aseguradora pagará 6.000 euros a un propietario por tener su negocio paralizado a causa del COVID“. Para analizar la sentencia con toda la profundidad que requiere hemos tenido a bien contar con el más reputado experto en responsabilidad civil y seguros, D. Javier López y García de la Serrana, presidente de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguros y Director General de Hispacolex.

¿Por qué está dando tanto que hablar esta sentencia? ¿dónde radica su importancia?

Porque es la primera vez en España, que un Tribunal –en apelación–, condena a una aseguradora a indemnizar a un negocio, en este caso una pizzería, por las pérdidas sufridas durante el primer mes de confinamiento derivado del estado de alarma decretado por el gobierno. Además, se da la circunstancia de que en el contrato suscrito no había ninguna cláusula que reflejara que por motivo de la pandemia, el asegurado tenía derecho a una indemnización. Únicamente, se recogía un apartado especial por «paralización de actividad» que ascendía a 200 euros/día de indemnización por un periodo de 30 días, sin franquicia. Una póliza por la que el tomador pagó una prima de 57,39 euros. Lo anterior, unido a la situación tan difícil que está viviendo el comercio en España y, en concreto, el sector de hostelería y restauración, hace que esta sentencia cobre una especial relevancia.

¿Cuál es el fundamento de la sentencia para estimar el recurso de apelación y condenar a la aseguradora?

La aseguradora para articular su defensa se vale del condicionado general donde se establece que: “El asegurador cubre en función de la modalidad de indemnización convenida y hasta el límite económico y temporal indicado en Condiciones Particulares, las pérdidas económicas que ocasione la paralización temporal, total o parcial, de la actividad empresarial asegurada cuando sea consecuencia directa de un siniestro amparado por la póliza comprendido en las coberturas del capítulo III de estas Condiciones Generales ‘Coberturas de daños’, que hayan sido expresamente contratadas”

La Audiencia revoca la sentencia, al entender que el asegurado vio interrumpido su negocio y disminuidos sus ingresos.

Fundamenta que en ningún lugar de la póliza contratada, ni en las condiciones generales o particulares, se decía que “se cubren los gastos de paralización derivados de una resolución gubernativa ante una pandemia”, por lo que al no ser un siniestro expresamente amparado por la póliza, no se puede extender la cobertura de pérdida de beneficios a este supuesto, de cierre de actividad por declaración de estado de alarma.

Ante eso la Audiencia revoca la sentencia, al entender que el asegurado vio interrumpido su negocio y disminuidos sus ingresos, y aunque en el condicionado general no se contempla expresamente el apartado de “paralización por resolución gubernativa ante una pandemia”, nos hallamos ante una clara limitación de los derechos del asegurado en un contrato de adhesión, por lo que, para que dicha cláusula tenga  plena validez y sea oponible al asegurado debe cumplir con los requisitos del artículo 3 de la LCS, esto es, que debe estar firmada y aceptada por escrito.

Es decir, la sentencia entiende que la cláusula que reduce la cobertura únicamente a las pérdidas derivadas de siniestros que estén cubiertos por la póliza, es de carácter limitativo, y por tanto, debe ser expresamente aceptada, lo cual no ocurre en el presente caso. Pero además, reconoce que los seguros y coberturas referidos a lucro cesante o de pérdida de beneficios como el aquí analizado, normalmente quedan sujetos a la existencia de un daño material previo, pero como en este caso parece dicho extremo no fue cuestionado por la aseguradora opta por no entrar a valorar dicha cuestión que habría sido clave.

Fuente: Economist&Jurist