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El Ayuntamiento denunciará a Ángeles Muñoz por la contratación irregular de cargos de confianza

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La junta de gobierno del Ayuntamiento de Marbella aprobó ayer encargar un informe jurídico que servirá de base para llevar a los juzgados a la exalcaldesa, Ángeles Muñoz, por la presunta contratación irregular de cargos de confianza durante sus ocho años de mandato. En concreto, se trata de 12 oontrataciones a otros tantos trabajadores que, según el gobierno municipal, se enmascararon como personal de alta dirección de empresas públicas o entes autónomos locales cuando en realidad prestaban servicio en el propio Ayuntamiento.

El informe, encargado tras una propuesta del alcalde, pretende determinar cuáles son las responsabilidades penales, civiles o patrimoniales que se pueden deducir de estas contrataciones por el daño acreditado al Ayuntamiento, que el gobierno municipal estima en unos 400.000 euros.

Según indicaron ayer el portavoz municipal, Javier Porcuna, y el responsable de Personal, Daniel Pérez Moreno, se trata de contrataciones que aparentemente se enmascararon como personal de alta dirección cuando en realidad estaban destinadas a personas que cumplieron otro tipo de funciones, con retribuciones más altas que otros empleados municipales que desarrollaban las mismas tareas.

En todos los casos, explicaron, los contratos se realizaban a través de empresas públicas o de organismos autónomos locales pero los trabajadores cumplían funciones en el Ayuntamiento que no se correspondían con la responsabilidad y la remuneración de cargos de alta dirección, que suponían, todos ellos, un mínimo de 36.000 euros al año.

Además, al tratarse de contratos como laborales indefinidos en el Ayuntamiento de Marbella, estos trabajadores adquirieron unos derechos que no se extinguieron al cesar el anterior equipo de gobierno municipal, como hubiese correspondido si hubiesen sido contratados como personal de confianza.

Sociedades públicas

Los contratos se realizaron a través de las sociedades públicas del Palacio de Congresos, la Sociedad de Transportes, la Radio y Televisión municipal y el Puerto Deportivo. Según Pérez Moreno, la exalcaldesa, que estaba al frente de todas estas entidades y cuya firma aparece en los contratos, podría haber incurrido en posibles delitos de prevaricación o contra la administración pública. En algunos casos Muñoz firmó como consejera delegada pese a que, según Porcuna, era una prerrogativa del consejo de administración de esas sociedades.

Después de las elecciones municipales y el cambio de gobierno, estas personas fueron despedidas, pero tuvieron que ser reincorporadas con todos sus derechos tras denunciar al Ayuntamiento y conseguir sentencias favorables en los juzgados de lo laboral.

Con dos de ellos se llegaron a acuerdos extrajudiciales y otros dos fueron despedidos con su correspondiente indemnización. Los ocho restantes pertenecen ahora a la plantilla municipal con contratos indefinidos tras haber optado estos trabajadores por la readmisión.

En dos casos, estos trabajadores aportaron en los juicios cartas de recomendación firmadas por Ángeles Muñoz en las que la exregidora reconocía que habían trabajado para el Ayuntamiento. En otro caso, el trabajador afectado presentó intercambios de correos electrónicos en los que se les daban instrucciones sobre los trabajos que debían realizar en el Consistorio. Esas pruebas, que están incorporadas a las sentencias que les han permitido volver al Ayuntamiento, serán utilizadas ahora por el gobierno municipal en su denuncia contra Ángeles Muñoz. Esas sentencias de los procesos laborales, indicó Porcuna, han certificado que las citadas contrataciones se realizaron en fraude de ley.

Perjuicio patrimonial

El Ayuntamiento estima en 400.000 euros el perjuicio patrimonial que ha sufrido por esta situación, de los que 100.000 euros corresponden a indemnizaciones ya pagadas y otros 300.000, a salarios de tramitación durante el periodo en que han durado los juicios laborales.

Porcuna afirmó que el Ayuntamiento cuenta con un informe del Consejo Consultivo que concluye que las contrataciones se hicieron sin transparencia, sin publicidad, sin concurso y en algún caso sin la titulación requerida para el cargo que se ocupaba. «Había adjuntos a gerente en lugares donde no había gerente, y ésta era la manera de enmascarar su falta de capacidad y el hecho de que no cumplían las labores propias de personas contratadas para alta dirección», aseguró.

Fuente: diariosur.es