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Google es condenado a retirar de su buscador los datos de un hombre que fue indultado en 1999

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La AP de Barcelona ha condenado al gigante tecnológico a indemnizar a un usuario con 10.000 € por los daños morales causados.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a Google a retirar la información personal de las indexaciones y cachés en las que consta publicado el indulto de un hombre que fue condenado por cometer un delito hace más de 40 años.

El derecho al olvido digital “no ampara que cada uno construya un pasado a su medida

La sentencia, de 19 de julio de 2022, obliga a la compañía tecnológica a indemnizar al afectado con 10.000 euros por el daño moral causado.

El caso

Al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el particular afectado presentó una demanda contra Google Spain solicitando que se declarase que se había cometido una intromisión ilegítima en su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Además, peticionó que se acordase la retirada de la información personal de las indexaciones y cachés en los que constaba publicado el Real Decreto por el que el demandante fue indultado en 1999, de un delito cometido en el 1981.

En la misma línea, el actor rogó que se le indemnizase con 51.200 euros por los daños morales causados.

Cabe apuntar que, en julio de 2014, la AP de Barcelona estimó una demanda presentada por mismo sujeto, bajo la misma intención y contra la misma entidad

Después de que Google Spain contestase a la demanda planteada, en diciembre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia n.º 35 de Barcelona desestimó la misma y absolvió al gigante tecnológico, por falta de legitimación pasiva.

Disconforme con lo anterior, la actora recurrió en apelación

Google tendrá que retirar la información del indultado de las indexaciones y cachés

Ahora, la Sección Primera de la AP de Barcelona, a través de su reciente sentencia de 19 de julio de 2022, ha estimado el parte el recurso formulado, declara que Google ha cometido una intromisión en el derecho de intimidad y honor del usuario, obliga a la misma a retirar la información personal del interesado de las indexaciones y cachés en el que consta el indulto, y a indemnizarle en la cantidad de 10.000 euros.

Después de descartar la falta de legitimación de Google Spain y rechazar que la acción ejercitada haya caducado, el Tribunal entra en el fondo del asunto en el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia: “Tratamiento de datos personales y el llamado ‘derecho al olvido digital’. Responsabilidad”.

El derecho al olvido es definido como el derecho a obtener la supresión de los datos personales relativos a una persona por parte del responsable del tratamiento cuando, entre otros extremos, ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados, cuando se retire el consentimiento en que se basó el tratamiento, cuando la persona interesada se oponga al tratamiento, cuando los datos se hayan tratado de forma ilícita, o cuando se deba dar cumplimiento a una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

Pese a lo anterior, el Tribunal Supremo, en su STS 545/2015, de 15 de octubre, recuerda que el llamado derecho al olvido digital “no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideran positivos”.

Es “lícito” el inicial tratamiento de datos personales

Dicho esto, la AP de Barcelona tilda de “lícito” el inicial tratamiento de datos personales, como ocurre en el caso de la publicación de la concesión de un indulto en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, en palabras del Tribunal, “la indexación de estos datos por los buscadores de internet y su posibilidad comunicación a los internautas que realizan búsquedas utilizando datos personales no se puede considerar contrario a la protección de datos personales debiendo la persona indultada soportar la afectación que ello suponga a su honor e intimidad porque así lo exige el derecho a la información”.

Sin embargo, ese tratamiento inicialmente lícito “puede dejar de serlo con el tiempo”, recalca la Sala. En concreto, el factor tiempo resulta relevante hasta el punto de que, como declara la STS 210/2016, de 5 de abril, “una vez transcurrido un plazo razonable, el tratamiento de datos consistente en que cada vez que se realiza una consulta en un motor de búsqueda generalista de Internet como es Google, utilizando datos personales, como son el nombre y apellidos de una determinada persona, aparezca entre los primeros resultados el enlace a la página web donde se publica el indulto que le fue concedido, deja de ser lícito porque es inadecuado para la finalidad con la que se hizo el tratamiento, y el daño provocado a los derechos de la personalidad del afectado, tales como el honor y la intimidad, resulta desproporcionado en relación al interés público que ampara el tratamiento de esos datos, cuando el demandante no es una persona de relevancia pública, ni los hechos presentan un interés histórico”.

El tratamiento inicialmente lícito “puede dejar de serlo con el tiempo”

Por último, en relación a la indemnización por el daño moral causado, la Audiencia apunta que los 800 euros mensuales que solicita el demandante por los 64 meses transcurridos entre julio del 2014, que es cuando se dictó la primera sentencia por la esta AP de Barcelona, y cuando presentó esta segunda demanda, “no puede ser concedida pues se basa en un estricto criterio aritmético y no en atención a los criterios o parámetros fijados en el art. 9.3 de la LO 1/1982 y la jurisprudencia que lo interpreta”. Asimismo, la Sala advierte que no se han aportado datos al procedimiento para poder concluir que la entidad de la lesión causada justifique una indemnización como la que se reclama.

Así las cosas, “ante la falta de mayor alegación”, como adelantábamos, el Tribunal califica de “ajustada” fijar una indemnización de 10.000 euros.

El letrado Carlos López Campillo, de la firma “Gesmadrid Abogados”, ha asumido la dirección técnica del presente procedimiento.

FUENTE: Economist & Jurist