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Juzgan a la médico acusada de confundir un infarto mortal con un virus estomacal en Marbella

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La Fiscalía solicita que El Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga capital tiene previsto juzgar este miércoles el caso de la muerte de una mujer de 62 años en Marbella. La Fiscalía y la familia de la fallecida acusan a la médico de la ambulancia del Servicio Andaluz de Salud que acudió al domicilio a atenderla de un supuesto delito de homicidio por imprudencia grave y profesional. Aseguran que la doctora la diagnosticó de un virus estomacal, sin embargo la paciente acabó perdiendo la vida por un infarto cardiaco una hora después de que, tras una primera valoración, decidiera no volver a la vivienda para atenderla de nuevo.
Los hechos tuvieron lugar el día 8 de marzo de 2013. La mujer se encontraba en casa junto al menor de sus dos hijos. La Fiscalía, al igual que la familia, mantienen que empezó a sentirse mal, sufriendo vómitos, dolor gástrico y llegando a perder el conocimiento en varias ocasiones.
El hijo se puso en contacto con el médico de cabecera que normalmente trataba a su madre, quien, a su vez, llamó al Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Eran las 14.35 horas cuando requirió asistencia por un posible accidente cerebro vascular, manifestando que era de máxima prioridad.
Tres minutos después, las acusaciones explican que el centro de emergencias se puso en contacto con el domicilio, indicando el hijo que su madre había vomitado mucho, que se había desmayado y recuperado. Asimismo, precisó que tenía un fuerte dolor en la espalda y en el estómago, que veía luces por un ojo y que se encontraba en tratamiento por hipertensión y que sufría una depresión.
Todo ello, insisten las acusaciones, fue puesto en conocimiento de la médico de urgencias del Servicio Andaluz de Salud que se desplazó hasta el domicilio para atender a la paciente. Ella es la acusada en este procedimiento. Se lo dijeron antes de entrar y, una vez en el interior, se le realizaron diversas pruebas a la fallecida, aunque aseguran que la acusada descartó llevar a cabo un electrocardiograma pese a que tenía los medios adecuados para ello.
Tras la exploración, la procesada le diagnosticó un cuadro gastroenteral y no la trasladó a un centro hospitalario. Pero la fallecida no mejoró. Sobre las 15.26 horas el hijo volvió a llamar a emergencias solicitando una nueva asistencia, ya que su madre se encontraba «muy mal». Expuso que seguía vomitando, con dolor de estómago, que tenía convulsiones y que continuamente se desmayaba y se despertaba.
Entonces el centro de coordinación se puso en contacto con la médico que le había atendido. La Fiscalía y la familia mantienen que la doctora ya había consultado el historial de la paciente y que decidió no acudir de nuevo a la vivienda y atender por teléfono a su hijo: «Este manifiesta que su madre ‘se había caído fulminante, con los ojos vueltos y vomitando’, que le había tenido que sacar la lengua para que no se la mordiera, pero que parecía que ya se encontraba mejor».
Pese a este relato de la situación, las acusaciones aseguran que la médico le dijo que todo era «normal» y que todo se debía al virus de gastroenteritis.
Quien realizó la tercera llamada a los servicios de emergencias fue el mayor de los hijos de la fallecida, quien había acudido al domicilio ante la situación en la que se encontraba su madre. A las 15.49 horas pidió asistencia porque la fallecida estaba convulsionando y sin conocimiento.
Entonces se enviaron al domicilio una UVI móvil y otra unidad de urgencias de Marbella del Servicio Andaluz de Salud. Una vez en la vivienda, los sanitarios asistieron a la paciente, que acabó falleciendo, siendo la causa un infarto cardiaco, siempre según exponen la fiscal y la familia de la mujer en sus escritos de acusación contra la doctora.
La representante del Ministerio Público asevera que en este caso ha existido «un incumplimiento de las normas elementales del ejercicio de la profesión médica por parte de la acusada que finalmente ha llevado al fallecimiento» de la mujer. En este sentido, explica que, atendidos los antecedentes e historia clínica de la paciente, no le realizó las pruebas necesarias, no utilizando los medios que tenía a su disposición, lo que llevó a un error de diagnóstico a la procesada.
La familia, al igual que la fiscal, considera que ha existido un incumplimiento de las normas del ejercicio de la medicina. Además, indica que el error de diagnóstico de la acusada evitó el traslado de la mujer a un centro hospitalario, «donde hubiera contado con todos los medios médicos necesarios desde el primer momento». Califica su asistencia de deficiente y dice que el hecho de no acudir nuevamente al domicilio a atenderla supone una «total dejadez en sus obligaciones».
Tras hacer este relato de los hechos, en el que ambas partes coinciden, las acusaciones solicitan que la procesada sea condenada por un delito de homicidio por imprudencia grave y profesional. La fiscal pide una pena de dos años y medio de cárcel, así como que sea inhabilitada para el ejercicio de la profesión sanitaria durante cuatro años y medio. También espera que se ordene una indemnización para los herederos de 150.000 euros. La familia eleva la solicitud a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación. En cuanto a la compensación económica, la suma que estima es de 225.000 euros.
Fuente: Diario Sur