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LOS ABOGADOS Y LA PANDEMIA

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Es inexacto equiparar las vacaciones que disfruta un funcionario con las que toma, cuando puede, un profesional libre

El 28 de abril, el Gobierno dictó el Real Decreto-Ley 16/2020 sobre medidas procesales y organizativas para hacer frente (sic) al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Una de las medidas que recoge ha recibido la crítica del Consejo General de la Abogacía (CGAE) y la feroz reacción del Colegio de Abogados de Málaga.

Es la que habilita «para todas las actuaciones judiciales» los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto e impone a las administraciones competentes que distribuyan las vacaciones de manera que quede garantizada la realización de las actuaciones judiciales en dicho periodo habilitado del mes de agosto.

Ante ello, el CGAE ha propuesto concentrar las vacaciones de todos los funcionarios en agosto, a fin de poder empezar el mes de septiembre a pleno rendimiento.

Sin dudar del pragmatismo de la propuesta, ¿es moralmente defendible que toda una rama de la actividad funcionarial y profesional de nuestro país ‘eche el cierre’ durante un mes entero, ‘con la que está cayendo’?

Comentarios y opiniones que he recabado, o parten de presupuestos inexactos, o son derrotistas, o tratan de anteponer a esta decisión urgente una imprescindible reforma de todo el sistema, obviamente irrealizable de inmediato. Es inexacto equiparar las vacaciones que disfruta un funcionario con las que toma, cuando puede, un profesional libre. En el primer caso, ni siquiera puede renunciar a ellas. Es cierto que la medida comentada obligaría a los abogados a estar alerta y probablemente a no poder tomar vacaciones entre el 11 y el 31 de agosto; pero no dejan de ser servidumbres del trabajo autónomo.

En segundo lugar, las críticas de la Abogacía presumen que esto no va a funcionar, que se van a suspender juicios; en definitiva, que van a ser veinte días de trabajo inútil. Es eso, una presunción, un prejuicio.

Finalmente, se rechaza la medida con la alegación de que habilitar días, trabajar más días es una medida ‘parche’ que no sirve, pues lo que la Justicia necesita es una reforma integral, acceder de una vez a la digitalización, que hubiera permitido a los juzgados funcionar durante la etapa de confinamiento. No ha sido el caso de los abogados, que han trabajado preparando escritos, atendiendo a clientes, recibiendo e impartiendo formación por vía telemática, tramitando Ertes y declaraciones tributarias.

Todo esto es cierto. Ahora pensemos en los millones de españoles que sufren con más rigor esta pandemia: los trabajadores sujetos a Ertes, los autónomos que tienen cerrado su negocio y que anhelan abrirlo cuanto antes… Tantos y tantos compatriotas. Yo no sabría cómo explicarles que soy abogado y que protesto porque me dicen que debería trabajar para mis clientes durante el mes de agosto; menos aún entenderían que los abogados de Málaga propongamos la convocatoria de una huelga.

Llueve sobre mojado. El pasado 16 de marzo, el decano de mi Colegio decidió «dar las instrucciones pertinentes para que se retiren los abogados de todos los turnos de servicios de guardia de la provincia, dado que no se están cumpliendo las condiciones mínimas para que los letrados puedan desarrollar su labor». El Decano no recomendaba; tampoco facilitaba medidas de seguridad. Solamente ordenaba, imperando sobre sus compañeros como si fuesen súbditos. Al día siguiente revocó ‘la orden’, pues fue advertido por jueces de Marbella de que podría incurrir en delito de desobediencia.

Ahora, él y su fiel Junta de Gobierno, mediante acuerdo de 30 de abril, han decidido requerir al Ministerio de Justicia la derogación de este Decreto, instar al CGAE y al Consejo Andaluz a que convoquen una huelga desde el 11 al 31 de agosto y a que el CGAE suspenda a todos los abogados la firma electrónica de presentación de escritos durante el mismo periodo.

Es decir, el Colegio de Abogados de Málaga comete el desatino de instar a nuestros representantes a infringir la Ley. Además, para ofensa y desdoro de la Presidenta de la Audiencia Provincial y del Juez Decano, acuerda exigirles el cumplimiento de todas las medidas de seguridad ya previstas y de otras obligaciones legales, con lo que establece la presunción de que no estarían dispuestos a cumplirlas.

Una nueva expresión del populismo, que no solamente infecta la política, sino también corporaciones de derecho público como mi querido Colegio de Abogados. Desde mi irrelevante sitio como ciudadano y como uno de los miles de abogados de nuestra provincia denunciaré el populismo, que se ha querido vestir de valentía. Yo creo que es osadía: una actitud montaraz y demagógica que no puede representar dignamente a los abogados malagueños.

Fuente: Diario Sur