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Marbella, punto de mira de las tramas de corrupción municipales

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Marbella se convirtió, en abril de 2006, con el inicio de la operación Malaya, en el paradigma de la corrupción municipal y urbanística de España, hasta tal punto que el Ayuntamiento fue disuelto y se nombró a una Comisión Gestora para regirlo durante un año. Fue una transición hasta las elecciones municipales de 2007, pero conviene recordar cómo se pudo llegar a tal situación. Un soplo de aire fresco llegó a los Juzgados de Marbella en 1997, de la mano del juez Santiago Torres, quien comenzó a investigar la corrupción municipal y más concretamente los contratos de patrocinio del Ayuntamiento con el Atlético de Madrid en el llamado caso camisetas.

Jesús Gil y los suyos llevaban gobernando seis años con total impunidad, en el marco de un auténtico desafío al Estado de Derecho y al resto de poderes públicos. De hecho, tal y como demostraría EL MUNDO años después, concretamente a partir del 17 de octubre de 1999, sólo durante el primer mandato del GIL, partido Grupo Independiente Liberal (1991-1995) Jesús Gil y Juan Antonio Roca, entre otros condenados, saquearon 24 millones de euros de las arcas municipales (sentencia firme del Supremo). Fue el llamado caso saqueo 1 y consistió en facturar obras ficticias al Ayuntamiento, mediante cuatro empresas factureras fantasma, a nombre de la octogenaria madre de Roca.

Jesús Gil y las camisetas rojiblancas

Santiago Torres abrió la senda para acabar con el latrocinio en el Consistorio marbellí, luego le seguiría otro juez Torres, Miguel Ángel, instructor del caso Malaya. El 7 de enero de 1999 el primer juez Torres enviaba a Jesús Gil a prisión incondicional por el patrocinio irregular de las camisetas rojiblancas. El modus operandi fue sencillo: yo alcalde me patrocino a mí mismo como presidente del Atlético con 450 millones de pesetas y pagan los contribuyentes de Marbella.

Eran los tiempos del «Don Jesús roba, pero hace cosas por Marbella». Todavía, a día de hoy, no es difícil encontrar a gente que en la ciudad costasoleña justifica el delito de esta forma. El ahora reputado abogado penalista, citado instructor del caso camisetas, entre otros sonados y mediáticos procesos en Madrid, fue también el primer juez instructor de Marbella que se atrevió a paralizar una obra ilegal por la vía penal, por delitos urbanísticos, y procesar a Gil y a los suyos. Era el caso Belmonsa.

El juez Santiago Torres trató de investigar el patrimonio personal de Jesús Gil, Roca y otros miembros de la que fue considerada una organización criminal. Fue a partir de octubre de 1998 y apenas contó con apoyo de la Agencia Tributaria. La Fiscalía Anticorrupción, que dirigía Carlos Jiménez Villarejo, se vio sin medios ni apoyos policiales para ello. Rodrigo Rato mandaba en Hacienda por aquel entonces. Jesús Gil todavía no interesaba al aparato del Estado y campaba a sus anchas, al igual que su mano derecha, Juan Antonio Roca, en prisión desde 2006 y multi condenado, junto a Julián Muñoz.

El caso camisetas acabó con la carrera política de Jesús Gil, que en abril de 2002 tuvo que abandonar la Alcaldía por 28 años de inhabilitación. En 1999 había anunciado su intención de presentarse en Ceuta y Melilla y sonaron las alarmas en Moncloa. El propio Gil contó públicamente que el entonces ministro Mariano Rajoy le dijo: «Si vas a Ceuta y Melilla te vas a electrocutar».

La sentencia firme sólo apreció cuatro delitos de prevaricación por el asunto de las camisetas. A ojos del tribunal, no hubo ni malversación de caudales públicos de Marbella, ni falsedad documental, en contra de lo que sostenía el conocido fiscal Carlos Castresana.

Cabe recordar que el presidente del tribunal que juzgó el caso en la Audiencia de Málaga, José María Muñoz Caparrós, emitió un polémico voto particular, contrario a la condena. Venía a decir que la publicidad de Marbella había sido tan positiva y beneficiosa para la ciudad como el anuncio de un Seat Marbella, o el spot televisivo de un cava en Nochevieja. Así se escribía la historia judicial por aquel entonces.

El ‘caso saqueo’

Recuerdo especialmente, y está contado en la hemeroteca de EL MUNDO, que el día que este periódico destapó el caso saqueo y todos los tertulianos de radio y televisión se preguntaban si el juez de guardia, Antonio Navas Hidalgo, actuaría de oficio, este periodista le preguntó al aludido en su despacho y él respondió lo siguiente: «No sé de qué me habla, yo sólo leo prensa deportiva, el Marca y el As«.

El asunto acabó en la Audiencia Nacional, con el juez Pablo Ruz como instructor y la Sección Cuarta, presidida por Ángela Murillo, como tribunal sentenciador en 2009. Roca, y el ideólogo del GIL, José Luis Sierra, ex asesor jurídico municipal, fueron enviados a prisión junto al contable Manuel Castel. Qué sería de los éxitos policiales contra las tramas de corrupción sin la figura del contable y la documentación que éste atesora, si luego es hallada, como ocurrió durante el gilismo.

En abril de 2003, ya con Julián Muñoz en la Alcaldía de Marbella, EL MUNDO de Andalucía comenzó a publicar una investigación periodística sobre el patrimonio del entonces gerente de Urbanismo de Marbella y su amplia red de testaferros. Los ingresos del simple empleado municipal no cuadraban con su elevado tren de vida: fincas, cortijos, ganaderías de reses bravas, caballos y helicópteros, por no hablar de su afición al arte y los relojes de alta gama. Faltaban aún tres años para que el juez Miguel Ángel Torres pusiera patas arriba el Ayuntamiento de Marbella, con las primeras detenciones del caso Malaya, y este periódico puso foto, nombre y apellidos al contable de Roca, Salvador Gardoqui, y a la sociedad instrumental que utilizaba para gestionar su caja B: Maras Asesores S.L.

También dimos a conocer quiénes eran los integrantes del bufete de testaferros que se dedicaba a blanquear el dinero de las comisiones y demás mordidas que el ex asesor urbanístico marbellí recibía de promotores y constructores para hacer un «urbanismo a la carta», como dijo el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, delegado de Anticorrupción en la provincia.

El proceso judicial más largo de la historia de España

La irrupción de la tonadillera Isabel Pantoja en el caso Malaya, aunque realmente no estuviera imputada en dicho sumario, sino en una pieza separada, vino a restarle seriedad y enjundia a la macro causa contra la corrupción municipal marbellí. Tras su detención, como pareja de Julián Muñoz y blanqueadora del dinero negro de éste, la prensa rosa se volcó en el asunto de tal manera que, para muchos españoles, lo relevante eran las «bolsas de basura» con dinero, de las que habló Maite Zaldívar, y la tempestuosa relación del ex alcalde con la cantante.

Dos años de juicio oral, repartidos en 200 sesiones, pusieron punto final al proceso judicial más largo de la historia de España, superando con creces los seis meses que duró el caso 11M o el juicio sobre el fraude del aceite de colza, por no hablar del 23F.

La Sala Primera de la Audiencia de Málaga, compuesta por los magistrados José Godino (presidente), Manuel Linares y Rafael Caballero Bonald reflejó en su sentencia de más de 6.000 folios, dictada el 4 de octubre de 2013, que en Marbella «existía de forma generalizada una práctica habitual de la gestión urbanística caracterizada por una situación evidente de corrupción política y económica».

El fallo estableció como probado que se favorecía a promotores, constructores e inversores. Todos ellos, corruptores y corrompidos, sobornos de antemano, «vulneraban la actividad urbanística en perjuicio del interés general».

El tribunal de Malaya concluyó que hubo un «sistema de corrupción generalizada» instaurado en el Ayuntamiento «bajo el poder de hecho ejercido por Juan Antonio Roca», argumento inicial del fiscal López Caballero.

Casi una treintena de los 95 acusados ingresó en prisión y las multas superaron en total los 550 millones de euros. A día de hoy, la sentencia de Malaya, aún está en proceso de ejecución, con un equipo formado por policías y peritos de Hacienda buscando patrimonio, bienes y cuentas de Roca y compañía…

Dentro del marasmo de corrupción y caos urbanístico que protagonizó Marbella en los tribunales, con más de 30.000 viviendas ilegales, los jueces y fiscales se vieron obligados a alcanzar un pacto con las defensas de Julián Muñoz y otros ex ediles del GIL. «Por economía procesal», alegaron, para así evitar la celebración de un centenar de juicios pendientes por delitos urbanísticos.

Cuando la Gestora se hizo cargo del Consistorio, una vez disuelto, había una deuda de más de 600 millones de euros. No había dinero para pagar las nóminas y tuvieron que pedir un crédito, reintegrable, de 100 millones de euros a la Junta de Andalucía.

Capítulo aparte, dentro de esta oscura historia, merece el ex presidente del Sevilla F.C. y ex asesor jurídico municipal José María del Nido. Sus astronómicos honorarios, facturados de forma compulsiva al Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades, entre 1999 y 2003, dieron lugar al caso minutas por el que el letrado ingresó en prisión, junto a Julián Muñoz, para cumplir siete años y medio entre rejas.

Aunque, a día de hoy, Marbella vive asentada en la normalidad democrática, y no protagoniza escándalos políticos a nivel nacional, resulta inquietante que su última alcaldesa, Ángeles Muñoz, a su vez portavoz adjunta del Partido Popular en el Senado, haya sido denunciada por la Fiscalía por la presunta falsificación del PGOU de 2010. Se da la circunstancia de que en los 22 planos alterados del Plan General hay numerosos que afectan a terrenos donde la senadora tiene intereses personales. Al ser aforada, el caso acabará, previsiblemente, en el Supremo.

Fuente: elmundo.es